El Gobierno nacional oficializó un aumento del 2,1% en los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad correspondientes a agosto. Con esta actualización, los valores acumulan una suba de casi 9% desde mayo, mientras prestadores y organizaciones vienen reclamando por el financiamiento del sistema.
La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad. El incremento alcanza a todas las prestaciones, sin diferencias según el tipo de servicio, y se calculó en función del IPC de julio.
El aumento de agosto se suma a los aplicados en los tres meses anteriores: 2,6% en mayo, 2,1% en junio y 1,9% en julio. En conjunto, los aranceles aumentaron aproximadamente 8,99% en cuatro meses.
La actualización también mantiene un adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.
El problema de fondo es que los aranceles fijados por el Estado determinan los valores de referencia para un sistema que incluye centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, residencias, formación laboral y otras prestaciones. La actualización mensual busca acompañar la inflación, pero los aumentos se aplican sobre una estructura de costos que también incluye salarios, transporte, alimentos, alquileres y servicios.
En junio, por ejemplo, un centro de día con jornada doble de categoría B pasó de $871.043 a $889.335, mientras que un hogar permanente pasó de $1.637.979 a $1.672.376 tras el aumento del 2,1%.
La nueva suba llega después de un esquema de actualización mensual que comenzó a aplicarse durante 2026. El Gobierno toma como referencia la inflación del mes anterior: así, el aumento de agosto refleja el IPC de julio y reemplaza los valores establecidos para el mes previo.
La cifra de agosto, por sí sola, parece pequeña. Pero el dato relevante es otro: los aranceles acumulan menos de 9% de aumento desde mayo, en un sistema cuyo funcionamiento depende de que esos valores alcancen para sostener las prestaciones y los ingresos de quienes trabajan en ellas.
