De los militares, peronistas y radicales industrialistas de la primera mitad del siglo XX, al entreguismo e inacción del progresismo y el liberalismo del siglo XXI en la cuestión del litio norteño

La historia debe vincular el pasado con el presente, para que nos enseñe a actuar de la forma más correcta en pos de defender la soberanía nacional.

Vamos a analizar el desarrollo industrialista de militares como Enrique Mosconi y Manuel Savio, para compararlo con la inacción que desde hace 15 años mantienen tanto el progresismo como el liberalismo en relación con políticas de estatización del litio, mineral del cual, hoy en día, Argentina es el segundo exportador del mundo.

Para la investigación, tomaremos en cuenta charlas de Pablo Yurman, profesor adjunto de la cátedra de Derecho en la cátedra de Historia Constitucional Argentina y aficionado al revisionismo histórico. También tendremos en cuenta escritos de Bruno Fornillo, Martina Gamba y Julián Zicari, todos investigadores del CONICET, de su trabajo titulado “El mercado mundial del litio y el eje asiático: dinámicas comerciales, industriales y tecnológicas”.

Podemos comenzar mencionando que, en la Generación del 80, entre cuyos nombres destaca el de Julio Argentino Roca, en lugar de ser una aristocracia, es decir, el gobierno de los mejores que gobierna para el pueblo, según términos aristotélicos, se optó por una oligarquía, que es una forma desnaturalizada de la aristocracia.

Julio Argentino Roca va a ser el representante de esa oligarquía vacuna. Roca va a entregar la soberanía económica a Inglaterra, cuando teníamos todas las condiciones para convertirnos en una potencia industrial, como lo hizo Estados Unidos luego del triunfo de la Unión del Norte sobre los Confederados del Sur. Pese a esto, es de destacar su labor en pos de crear un Ejército Nacional. Esto lo constituye dejando de lado a los instructores británicos que formaban y preparaban a la mayoría de los ejércitos sudamericanos. En cambio, Julio Argentino Roca trae al país instructores prusianos, cuyo país de origen era Alemania, que por ese entonces se encontraba realizando su insubordinación fundante para poder alejarse de las garras del Imperio inglés.

Estos profesores militares prusianos van a fomentar la idea de un posible nacionalismo industrial, que más adelante permitiría la llegada de Enrique Mosconi y Manuel Savio, apoyados respectivamente por los radicales Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear, y por Juan Domingo Perón.

Ambos militares van a ser figuras claves en dos procesos muy importantes para intentar desarrollar la soberanía industrial argentina.

Enrique Mosconi es el primer director de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) y desarrolla fuertemente la industria nacional del petróleo, a través del desarrollo de hidrocarburos en Comodoro Rivadavia y sus cercanías, luego de que fueran descubiertos sus yacimientos en 1907. La idea de tener una industria nacional petrolífera se consolidó durante el primer gobierno de Yrigoyen, que culmina su gestión con la fundación de YPF en 1922.

Una vez que asume Marcelo Torcuato de Alvear, el 12 de octubre de 1922, va a nombrar al militar e ingeniero civil Enrique Mosconi al frente de YPF. Entre 1922 y 1930, Mosconi va a dirigir los destinos de YPF. Sentenció en una frase la cuestión de los hidrocarburos y la dependencia de su explotación de compañías extranjeras:

“No queda otro camino que el monopolio del Estado de forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria. La producción, la elaboración, el transporte y el comercio. Sin monopolio del Estado, es difícil, diré más, es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial a las organizaciones del capital privado. Resulta inexplicable la presencia de ciudadanos que quieran enajenar nuestros depósitos de petróleo, acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero para favorecer a este, con las crecidas ganancias que de tal actividad se sostienen, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el material moral y económico del pueblo argentino”.

La obra de Enrique Mosconi trasciende las fronteras argentinas, ya que tiene un espíritu americanista de Patria Grande. En 1929, se reúne con el ministro de Industria y Energía de Uruguay, le comenta sobre el desarrollo de YPF y, de este modo, Uruguay, en 1931, crea la ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland), que nacionaliza en Uruguay la explotación de hidrocarburos. En Bolivia nace YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), que también estatiza la actividad petrolera boliviana. Por último, influye en Brasil para que, 20 años después, se funde Petrobras, que terminó nacionalizando el petróleo brasileño a partir del año 1953.

Conocido como “el padre de la siderurgia argentina”, Manuel Savio creó la Dirección General de Fabricaciones Militares en 1941. Tiempo antes, Savio, influenciado por la escuela prusiana, fundó la Escuela Superior Técnica para formar ingenieros militares en el país. Esto demuestra que tenía bien en claro que, para tener armamentos nacionales, primero había que tener una industria militar y técnicos preparados para la misma.

De a poco, impulsa la fabricación de armamento militar nacional, hasta que finalmente, en 1941, el presidente Marcelino Ortiz firma el decreto que lo pone al frente de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Este proyecto continúa con Ramón Castillo y culmina con el advenimiento de la Revolución del 4 de junio de 1943, liderada por el grupo GOU, que va a intensificar, a partir de 1945, el proceso de fabricación de armamento argentino.

Inauguró también los Altos Hornos Zapla en 1945, en la provincia de Jujuy. Esta industria del acero tenía un criterio de desarrollo federal que sería clave para abrir el juego al monopolio industrial de Buenos Aires. En 1946 creó el Plan Siderúrgico Argentino y, al año siguiente, fundó SOMISA, ubicada en su San Nicolás natal, con la idea de desarrollar fuertemente la industria pesada y reemplazar la dependencia externa de insumos básicos a través de un modelo de sustitución de importaciones, que buscaba superar la vulnerabilidad económica de la matriz agroexportadora. En relación con esto último, hay que recordar lo que dijo un liberal como Carlos Pellegrini: “No podemos tener un sistema económico nacional que dependa del régimen de lluvias”.

Todos estos militares, incluidos Juan Domingo Perón, Juan Pistarini, Alonso Baldrich, entre otros, tenían como virtud el afán de intentar hacer de Argentina una potencia industrial, constatadas las investigaciones acerca de que teníamos condiciones y recursos naturales propios para lograrlo. Otro elemento a destacar era su proverbial honestidad en la función pública: no se quedaron con un peso ajeno y manejaban millones en los presupuestos anuales.

En el presente, tenemos los recursos que presenta el triángulo norteño del litio en Argentina, ubicado entre las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. El litio, hasta hace 30 años, era un mineral de poca importancia. El triángulo del litio más importante del mundo se ubica actualmente entre el Salar de Uyuni, en Bolivia; el Salar de Atacama, en Chile; y cierra en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. En este triángulo se encuentra el 70 % de las reservas de litio de todo el planeta.

Durante las últimas tres décadas, el litio se ha convertido en el “oro blanco”. Esto implica que ya no es el hierro, como sí lo era hace 80 años, un recurso importante en Argentina. Los recursos más relevantes del país actualmente son el litio y el petróleo. Teniendo en cuenta la inmensa capacidad de producción industrial de China, lo que convendría en nuestro país sería desarrollar una industrialización inteligente o, en todo caso, mixta (por ejemplo, combinar el desarrollo de planchas industriales con planchas 3D).

Con el litio surge la misma disyuntiva que se planteó hace 100 años con el petróleo: ¿de qué manera vamos a usufructuar este recurso en nuestro favor? ¿Se hace urgente una reforma de la Constitución de 1994 que establezca que los recursos naturales y su explotación sean competencia del Estado nacional y no de cada provincia?

El litio puede ser una herramienta para complementar la industria agropecuaria argentina y realizar una industrialización moderna, dado el desarrollo tecnológico del presente (por ejemplo, combinando recursos industriales históricos que aún se necesitan, como caños, con el desarrollo de planchas industriales en 3D).

También se podría conformar una organización conjunta entre Argentina, Chile y Bolivia en relación con normas, derechos y deberes respecto de la exportación de litio, la regulación y las obligaciones de inversiones privadas.

Hasta el momento, Bolivia ha dejado que el litio lo exploten compañías alemanas y chinas en explotaciones mixtas con la empresa estatal boliviana YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos), pero con una obligación fundamental que no existe aún en Argentina: chinos y alemanes deben invertir en fábricas locales, para que en algún momento futuro se logren desarrollar baterías eléctricas bolivianas para autos y celulares.

En Chile, en cambio, las compañías son estatales, pero el Estado las concesiona a empresas privadas.

En Argentina tenemos el problema antes mencionado de la infame y entreguista reforma de la Constitución de 1994, cuyos máximos culpables son Ricardo Alfonsín y Carlos Menem. En su artículo 124, determina que los recursos naturales son propiedad de cada provincia y no del Estado nacional, lo cual genera endémicos problemas de entreguismo de los recursos por parte de gobiernos provinciales. Hoy en día tenemos casi 40 empresas privadas que explotan el litio, pero que no dejan un solo peso en infraestructura y que tampoco están obligadas a desarrollar industria local en el entorno en el cual se extrae este recurso natural. La fachada de estas empresas es que tienen sede en Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica o Australia, pero la mayoría pertenecen al capital anglo, chino y francés.

Podemos mencionar actualmente a Río Tinto, que explota el litio en Salta, Catamarca y Jujuy, siendo de capitales anglo-australianos. Otros privados son la empresa francesa Eramet, que explota el litio en la provincia de Salta; la empresa Ganfeng Lithium, que explota el mineral en las provincias de Salta y Jujuy. También está Lithium Argentina, que es de capitales canadienses y opera en Salta, entre media docena de empresas más repartidas en esas provincias.

Recientemente sucedió el hallazgo positivo de litio en la provincia de Santa Cruz por parte de la empresa canadiense Targa Exploration Corp., en un proyecto que se denomina “El Zanjón”, ubicado en la ciudad de Puerto Deseado.

Que quede claro: tiene que haber un mínimo de inversión extranjera, pero la misma debe estar obligada a invertir en infraestructura local, para desarrollar, de menor a mayor, una industria local de fabricación de baterías de litio que permita, en un futuro cercano, poder comercializar a nivel nacional baterías para celulares y también para la industria automotriz que se viene, que son los autos eléctricos. De este modo, también se mejoraría el bienestar social y económico de los argentinos, especialmente de los habitantes pertenecientes a las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.

Es importante recordar que, teniendo el país la necesidad de incrementar el producto bruto argentino y, al mismo tiempo, generar un aumento de la capitalización nacional de la renta financiera, entre 2001 y 2017 los valores del litio se multiplicaron 14 veces respecto de su precio original. La política demoliberal, tanto progresista como liberal, pelea por el tema de las retenciones agropecuarias, las cuales son necesarias y justas, pero, si se aplican cánones de retenciones adecuados y justos al litio, sumados a un desarrollo gradual de este rubro de la industria a nivel local, se obtendría mucha liquidez para invertir en el desarrollo de una poderosa industrialización en el norte del país, que logre crear una industria nacional de baterías de litio, que incluso también podría extenderse a fabricaciones militares, donde se utiliza dicho material, como drones, vehículos no tripulados, municiones y misiles inteligentes o incluso submarinos militares.

A esto se suma que la agenda del poder mediático tapa la “cuestión del litio” porque los propietarios de los grandes medios de Argentina responden a intereses extranjeros actualmente, los cuales les fijan una agenda de noticias diaria para que la población no se unifique en causas de vital importancia para su desarrollo moral, social y económico.

Otro dato de suma importancia es que Argentina pasó, como exportador de litio, de tener una participación en el mercado mundial del 1,18 % en el año 2002 a cubrir el 19,54 % de la producción mundial durante el año 2016. Es decir, su capacidad como país exportador creció a un nivel más alto que la del mercado en general en los últimos diez años, convirtiéndose en el segundo exportador mundial, aunque todavía lejos de Chile.

Para cerrar, podemos mencionar que la necesidad de imponer cánones y estatizar la industria del litio se debe a que los países que más demandan dicho mineral por su alto consumo son íntegramente países del hemisferio norte (Europa, China, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y Japón), no del centro o periféricos, por lo que se podrían establecer pautas de exportación claras y favorables a los intereses del país. Al no tener esto, el litio que se extrae del territorio nacional lo terminan comprando los propios argentinos, adquiriendo celulares chinos, norteamericanos o europeos.

Esta situación actual del litio resulta similar a lo que sucedía en Argentina durante el siglo XIX —queda exceptuado el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que protegió la industria textil nacional con la Ley de Aduanas—, en donde exportábamos lana en bruto y luego los criollos argentinos compraban un poncho hilado en una fábrica en Liverpool.

Frente a la oportunidad del litio, se hace necesario e indispensable que la clase política argentina recoja el legado de Mosconi, Savio, Perón e Yrigoyen, en relación con el desarrollo nacional de la industria del petróleo, para crear cuanto antes una Dirección Nacional del Litio que sea manejada por el Estado, para luego ver qué derechos y deberes se les otorgan a las inversiones extranjeras, sin caer en estatismos populistas ni en el entreguismo liberal de siempre, sino siguiendo una política prudente y acorde con un nacionalismo criollo, como bien supieron hacer los militares, peronistas y radicales industrialistas de la primera mitad del siglo XX en nuestro país.