Hace 200 días que el Gobierno nacional no aplica la Ley de Financiamiento Universitario. No lo hizo cuando se sancionó, no lo hizo cuando un juez ordenó cumplirla y no lo hizo cuando la Cámara Contencioso Administrativa confirmó esa orden y le puso fecha límite al 17 de abril. En cambio, recurrió a la Corte Suprema — y pidió apartar a sus jueces del caso porque, al ser docentes universitarios, los consideró parciales.
Desde La Pampa, el secretario general de ADU, Santiago Audisio, advirtió que el conflicto puede escalar. “Si no hay ley aplicada, no hay clases”, dijo este martes, en el primer día de una semana de paro de CONADU Histórica que se extiende hasta el sábado 30. La amenaza concreta incluye afectar mesas de exámenes en julio y agosto y, eventualmente, el inicio del segundo cuatrimestre.
Los números explican el hartazgo. Desde noviembre de 2023, los salarios docentes cayeron entre 25 y 33% en términos reales. Un auxiliar con dedicación simple cobra cerca de $268.000 brutos — por debajo de lo que cobraba en 2002, medido a precios constantes. La ley que el Gobierno no aplica requeriría una recomposición del 50% para volver a los niveles de hace dos años. El Ejecutivo ofrece 12% en tres cuotas.
El expediente llegó a la Corte Suprema el 7 de mayo. Mientras el tribunal no resuelva, la transferencia de $2,5 billones que ordena la ley sigue suspendida. Audisio también alertó por la fuga de docentes de la UNLPam. “¿Qué vamos a esperar — preguntó — que se achique cada vez más el cuadro docente, altamente capacitado y formado?”
El Consejo Interuniversitario Nacional estima que más de 10.000 docentes dejaron el sistema universitario en los últimos dos años.
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