El Gobierno nacional anunció con bombos, platillos y un PowerPoint libertario la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otros organismos que, hasta ahora, tenían la tarea de mantener en pie una red de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales.
¿La razón? Según el vocero presidencial Manuel Adorni, estos organismos fueron creados “para simplificar la corrupción”. Así, con esa frase de sello televisivo, el Gobierno clausura casi un siglo de institucionalidad vial con un decreto exprés y la bendición desreguladora de Federico Sturzenegger.
El Gobierno firmará la sentencia de muerte de los entes que se ocupaban de planificar, ejecutar y fiscalizar obras viales. En su lugar, abrirán licitaciones para concesionar 9.120 kilómetros de rutas nacionales. Todo a tono con la lógica empresarial que guía esta administración: menos Estado y más negocios.
“La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada”, dijo Adorni con tono mesiánico, como si fuera el protagonista de una épica moral y no el relator de un ajuste brutal que dejará sin trabajo a más de 5.500 empleados y sin mantenimiento a miles de kilómetros de rutas.
Desde el Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA), la secretaria general Graciela Aleñá no se anduvo con vueltas: “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Esto está armado para hacer negocios”. Denunció el despido masivo, el abandono de la infraestructura y la falsedad del relato oficial sobre la “ineficiencia” de Vialidad. “Ideológica y destructiva”, fue su diagnóstico.
