Valderrama considera que la expropiación de Vicentin es “jurídicamente aberrante”

La diputada radical, Andrea Valderrama, se corrió del debate ideológico que se originó a partir del anuncio de la expropiación de la empresa Vicentin, para analizar el tema desde un punto de vista jurídico. También, advirtió sobre las consecuencias económicas de “perjudicar la seguridad jurídica”, y dijo que con esta decisión se desecha la posibilidad de investigar posibles movidas fraudulentas del gobierno anterior y/o de la empresa.

 “No estoy de acuerdo en lo más mínimo”, comenzó su exposición. “Jurídicamente es aberrante. Se decide intervenir por decreto una empresa de capital privado que está sometida a una proceso concursal”, analizó Valderrama, a través de un vídeo que difundió en sus redes.

Asimismo, explicó: “Se desecha utilizar los mecanismos adecuados, que sería haberse presentado el acreedor -que es el Banco Nación-, y esperar que la justicia tome la decisión. Esto no se hizo. Se hizo por decreto”.

La diputada aprovechó el momento para dirigirse directamente a Alberto Fernández: “Señor presidente”, dijo, “acá no se expropió nada. Usted saca un decreto para expropiar una empresa que no se expropió”, y pasó a detallar que, según la Constitución, la propiedad privada es inviolable, pero establece una excepción “cuando un bien sea declarado previamente de utilidad pública por una ley emanada del Congreso, y sea indemnizado el propietario. Y no se da ninguno de los dos casos”.

Por tal motivo, dijo: “Estamos haciendo todo lo que legalmente no corresponde. La indemnización debe ser acordada por las dos partes, en este caso, el Banco Nación y Vicentin. Más allá de los debates ideológicos, lo que no podemos permitir es que se avasalle la Constitución. De esta forma no podemos crecer como país”, advirtió.

Además, alertó que con la expropiación “se va a dejar de investigar si existió una quiebra fraudulenta provocada por los dueños de Vicentin, si es que le dieron un destino distinto al dinero que le prestó el Banco Nación”, o “en el caso que se compruebe que alguien del gobierno anterior entregó irregularmente el crédito, que sea responsable también. Así debe funcionar el país, a través de las instituciones”.

Por último, se manifestó respecto a las consecuencias económicas de “perjudicar” la institucionalidad: “Estamos perjudicando la seguridad jurídica. ¿Qué efecto negativo puede producir? Que nadie, ni extranjero ni nacional, quiera asumir el riesgo de una inversión, cuando no sabes si de un día para el otro te pueden cambiar las reglas del juego”.

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