En 2025 se suicidaron 5.209 personas en la Argentina, un 22,6% más que el año anterior y la cifra más alta desde que existen estadísticas comparables, según el Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad. Las muertes por esta causa triplicaron a los homicidios dolosos, que fueron 1.676. La tasa nacional llegó a 11,8 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio mundial de 9,1 que informa la OMS.
El 78,6% de las víctimas eran varones, la mayoría de entre 18 y 34 años. “Antes era más frecuente encontrar cuadros asociados a depresiones, trastornos mentales o consumos problemáticos, pero hoy hay una vinculación creciente con las condiciones de vida y la falta de empleo”, describe Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental bonaerense. Y suma un factor que aparece cada vez más seguido, el endeudamiento. “Estamos encontrando personas que llegan a situaciones límite atravesadas por niveles de deuda muy severos, que generan una sensación de asfixia”.
Los números del contexto acompañan. Desde noviembre de 2023 se perdieron 314.000 empleos registrados, según el SIPA, y la desocupación juvenil supera el 16%. Según el informe Nivel de Endeudamiento de los Hogares Argentinos, el 91,7% de los hogares tiene al menos una deuda activa y la mora entre los jóvenes de 18 a 30 años ronda el 40%, la más alta de todas las edades. El relevamiento psicológico 2025 de la Facultad de Psicología de la UBA detecta el mayor riesgo suicida justo en esa franja y muestra que el 43,4% de quienes necesitan terapia no la hace porque no puede pagarla.
Mientras la curva sube, el Estado recorta. La ley nacional de salud mental ordena destinarle al área al menos el 10% del presupuesto sanitario; para 2026 recibirá el 1,42%, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. El programa específico para aplicar la ley tendrá $48 millones, un 91,5% menos que en 2025. El Hospital Bonaparte, el principal centro público del país en la materia, perdió más de 200 contratos y sus seis residencias tras la intervención por decreto.
