Un agente del Servicio Penitenciario Federal cobra $850.000 por mes. La canasta básica total está en $1.434.000, sin contar el alquiler. Y la obra social del sector no registra pagos desde diciembre de 2025.
El miércoles 27 de mayo, a las 10.30, los retirados del SPF vuelven a concentrarse frente a la Unidad 13 de Santa Rosa. Es la tercera protesta desde abril.
La deuda de la obra social con la Provincia llega a $159.958.633. En marzo, La Pampa gastó $320 millones en atención médica para estos trabajadores. Nación aportó $8 millones. Cuarenta veces menos. La Provincia ya intimó a la obra social con carta documento para que pague en diez días o enfrente acciones judiciales.
Mientras tanto, los afiliados navegan el colapso como pueden. Odontología, kinesiología y varias farmacias tienen la cobertura cortada. El Colegio Médico también, lo que deja a los penitenciarios sin consulta privada en toda Santa Rosa. Se avisan por WhatsApp qué farmacias los aceptan ese día. Nadie puede programar una cirugía porque no sabe si la cobertura va a estar activa al momento de entrar al quirófano.
Los activos del SPF tienen prohibido manifestarse por reglamento. Quienes salen a la calle son los retirados y las familias. Son unas 1.500 familias en la provincia.
“A veces una persona privada de la libertad tiene más derechos asegurados que quienes la cuidaron toda su vida”, dijeron desde el sector.
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