ATE La Pampa denunció que la Municipalidad de Santa Rosa echó “sin causa” a Jorgelina Guerrero, hija de un trabajador municipal fallecido durante la pandemia, cuyo ingreso estaba protegido por el artículo 31 de la Ley 643.
La historia, según el gremio, comenzó en 2020, cuando Guerrero reclamó ocupar el cargo que le correspondía tras la muerte de su padre.
El municipio, aseguran, intentó bloquear su ingreso. Dos años después, le otorgó un contrato equiparado, pese a que la normativa indica que debía ser incorporada directamente a planta permanente.
Durante los tres años siguientes, no hubo sanciones ni advertencias formales. Pero en el momento de renovar su vínculo, apareció un informe desfavorable “del que nunca fue notificada” y que terminó siendo el justificativo de su despido.
ATE considera que el caso refleja “violencia institucional y laboral” y apunta contra un modelo de gestión que “descarta a quienes sostienen las áreas con esfuerzo y compromiso”.
La organización alertó, además, que Guerrero es madre y sostén de su familia.
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