BULLRICH DEFENDIÓ EL DISPARO QUE DEJÓ GRAVEMENTE HERIDO A UN FOTÓGRAFO Y DESOYÓ LA PERICIA JUDICIAL

Tras casi un año de silencio público, Patricia Bullrich reapareció para respaldar sin matices la represión frente al Congreso que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo. Lejos de mostrar cautela, la senadora avaló el accionar de las fuerzas de seguridad incluso después de que un peritaje judicial contradijera la versión oficial sobre cómo se produjo el disparo.

“Fue un tiro bien hecho”, afirmó al referirse al gendarme Héctor Guerrero, hoy procesado por la Justicia. Consultada sobre si una acción “correcta” podía tener consecuencias graves, redobló la apuesta: “¿Puede tener una consecuencia? Sí”.

Bullrich encuadró el operativo del 12 de marzo en un contexto de “extrema violencia” y sostuvo que el Gobierno contaba con información previa sobre la movilización. Habló de una provocación organizada y aseguró que se habían secuestrado armas en estaciones de tren. Bajo ese diagnóstico, defendió el despliegue de Gendarmería y justificó la represión para impedir la toma del Congreso. “Las fuerzas tienen que responder. Si se quedan quietas, ¿quién protege a la gente?”, argumentó.

Sobre la lesión de Grillo, insistió en la tesis del accidente: sostuvo que el proyectil rebotó en un caño y terminó impactando en su cabeza. “No hay que mirar la consecuencia, sino si la acción fue correcta”, resumió.

Esa lectura política choca con un informe técnico incorporado a la causa judicial que investiga el hecho. La pericia, realizada por la Policía de la Ciudad a pedido de la jueza María Servini, concluyó que el disparo del cartucho de gas lacrimógeno no respetó los protocolos: este tipo de munición debe lanzarse en parábola, con un ángulo cercano a los 45 grados, y nunca de forma directa.

El informe pone en duda la hipótesis del rebote y advierte que la modalidad de disparo aumentó de manera significativa el riesgo de provocar lesiones graves. Pese a ello, Bullrich volvió a relativizar el hecho y reiteró su respaldo al operativo.

Mientras tanto, organismos de derechos humanos y sindicatos de prensa siguen cuestionando el uso de la fuerza contra civiles y trabajadores de medios, y alertan sobre el aval político a prácticas que la propia investigación judicial pone en discusión.