La escena fue brutal y ocurrió a plena luz de la mañana. Un joven de 18 años discutió con el hombre que lo había criado como hijo y lo mató a puñaladas dentro de su casa. Ocho meses después, ese crimen que sacudió a Victorica vuelve a quedar bajo la lupa judicial, atravesado por un giro inesperado: un estudio de ADN reveló que la víctima no era su padre biológico, un dato que podría cambiar de manera drástica la pena en expectativa.
Este viernes 26 de diciembre, la Justicia pampeana realizará la audiencia de control de acusación y ofrecimiento de pruebas contra Sebastián Fuentes, acusado de haber asesinado el 20 de abril a Néstor Hugo Fuentes, de 38 años. La audiencia será encabezada por el juez de Control Carlos Roberto Espínola y definirá si el expediente avanza hacia el juicio oral.
El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, en una vivienda de la calle 24, entre 1 y 3, en la zona oeste de la localidad. Según la reconstrucción fiscal, Sebastián había regresado horas antes de un boliche, estaba alcoholizado y quería salir a manejar una motocicleta. Néstor intentó impedirlo. La discusión escaló rápidamente. En medio del enfrentamiento, el joven habría tomado un cuchillo y regresado para asestarle dos puñaladas en el tórax.
Gravemente herido, el hombre fue trasladado por un vecino al hospital local, donde murió poco después. Algunas versiones periodísticas de aquellos días señalaron que el imputado tenía un fusil al momento del arribo policial e incluso que habría intentado autolesionarse, aunque esos datos nunca fueron confirmados oficialmente.
La investigación quedó en manos del fiscal Enzo Rangone, quien inicialmente calificó el hecho como homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé prisión perpetua. Sin embargo, la causa dio un vuelco cuando la defensa solicitó un cotejo genético: el análisis confirmó que no existía vínculo biológico entre víctima e imputado, pese a compartir el apellido.
Con ese resultado, la fiscalía reformuló la acusación y ahora sostiene homicidio simple, con una calificación subsidiaria por emoción violenta, una figura que podría reducir la pena a un mínimo de entre uno y tres años de prisión.
