El Juzgado de Audiencia de Santa Rosa absolvió a Melanie Florencia López, una joven de 21 años que había sido denunciada penalmente por el municipio de Toay por ocupar una vivienda municipal. El fallo reconoció que no hubo violencia ni clandestinidad y expuso el trasfondo de vulnerabilidad social que la llevó a buscar refugio con sus hijos.
Melanie López tenía 20 años cuando cruzó el patio de la casa de su madre, en Toay, y entró a una vivienda que sabía vacía. Era el 2 de junio de 2024. Llevaba semanas sin poder pagar un alquiler, con dos hijos pequeños y sin trabajo. En pleno invierno, sin gas ni electricidad, decidió refugiarse en esa casa municipal que hasta poco antes había sido ocupada por una enfermera del hospital local.
Cuando las autoridades locales advirtieron el ingreso, el municipio de Toay presentó una denuncia penal por usurpación. Desde ese momento, el caso pasó de ser un conflicto social a una causa judicial, con múltiples hostigamientos por parte del Estado municipal hasta que en febrero de 2025, tras una orden judicial, fue desalojada.
En el juicio, la fiscalía —en representación del municipio— sostuvo que Melanie había ingresado “mediante el uso de la violencia y la clandestinidad”. Pero la defensa oficial, a cargo del doctor Juan José Hermúa, pidió su absolución. Argumentó que la joven actuó por necesidad y que nunca hubo fuerza ni ocultamiento: “No fue un delito, fue un pedido desesperado de vivienda”.
El juez Carlos Alberto Besi, a cargo del Juzgado de Audiencia de Santa Rosa, coincidió. En su fallo, dictado el 17 de octubre de 2025, absolvió a Melanie López al entender que no se habían probado los elementos del delito de usurpación. “El ingreso se produjo sin violencia y de manera pública. Su situación de extrema vulnerabilidad no puede criminalizarse”, señaló.
Durante la audiencia, Melanie relató entre lágrimas que había dormido en un albergue municipal y en el piso de la casa de su madre, junto a sus hijos. “No tenía a dónde ir. Solo quería un lugar para mis hijos”, dijo.
Hoy vive en una vivienda alquilada en Santa Rosa, sostenida por trabajos informales y ayudas sociales. El caso, que comenzó con una denuncia penal del municipio y terminó en absolución, dejó al descubierto una tensión que atraviesa muchas localidades: cuando la pobreza y la falta de vivienda se enfrentan a un sistema judicial que responde con causas penales en lugar de soluciones sociales.
