La condena a la docente Ana Contreras por abordar contenidos sobre Derechos Humanos y terrorismo de Estado en el aula generó una ola de repudios en La Pampa y el país. La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa) cuestionó duramente al Ministerio de Educación provincial, al que señaló como responsable por no haber aplicado los protocolos de protección docente.
Contreras fue multada con casi un millón de pesos tras una clase en la que surgió una discusión sobre la ocupación israelí. Utelpa consideró que la ausencia de una implementación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación expuso a la profesora a “intromisiones indebidas” que vulneran derechos laborales y pedagógicos.
“La judicialización de conflictos educativos es consecuencia directa de la falta de aplicación de herramientas como la Guía Provincial de Intervenciones y el Estatuto del Trabajador de la Educación”, advirtió el sindicato, que reclamó al Ministerio fortalecer espacios de escucha y acompañamiento.
Mientras el fallo genera repercusión nacional, con pronunciamientos de gremios docentes y más de 5.000 firmas recolectadas en apoyo a la docente, el Ministerio de Educación no emitirá declaraciones hasta que finalice el sumario administrativo en curso.
Utelpa y CTERA pidieron la absolución de Contreras y el fin de la injerencia judicial en las escuelas. “La reinterpretación del ‘maltrato psicológico’ para censurar contenidos curriculares sienta un precedente gravísimo”, señalaron. Y advirtieron: “La educación crítica no puede convertirse en un acto punible”.
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