El pedido de investigación fue realizado por la denominada Asamblea Autoconvocada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que se investiguen posibles responsabilidades de funcionarios municipales y provinciales por el caso Antonella Villalbar, quien se quitó la vida el pasado 8 de diciembre.
En la presentación, la Asamblea señaló presuntos delitos como “incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de personas”. Además, denunció “vulneración de derechos fundamentales de mujeres y niñeces”, “obstáculos en el acceso a derechos básicos como vivienda, mercadería y gas”, “trato discriminatorio hacia personas sin hogar” y “acoso a la familia” de la víctima, entre otros puntos.
Entre los señalados, figuran el intendente de Toay, Ariel Rojas, y la directora de Acción Social local, Andrea Arteaga.
También fueron mencionados funcionarios provinciales como el director general de Niñez, Adolescencia y Familia, Rodrigo Lofvall; el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Pablo Meaca; el ministro de Salud, Mario Kohan, y el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá.
La Asamblea cuestionó que, en lugar de asumir responsabilidades, los funcionarios “continúan estigmatizando a los familiares y allegados” de Antonella.
