Mientras se espera que se lleve a cabo el juicio oral a los ocho rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, que tendrá lugar a comienzos de 2023, una resolución judicial falló a favor de ellos tras una denuncia que apunta contra la fiscal que los detuvo y la abogada que los patrocinó tras el crimen.
Días atrás, Hugo Tomei, abogado de los detenidos, recibió en su estudio jurídico de Campana la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Dolores, en la cual, los jueces Luis Defelitto y Susana Darling Yaltone determinaron que los ocho sean considerados “particulares damnificados” en dicha causa.
Cabe destacar, que la presentación realizada por la defensa de los imputados es del 13 de febrero de 2020, en donde se denunció por “falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad” a la doctora Verónica Zamboni y a la defensora oficial doctora María Verónica Olindi Huespi, además de dos secretarios de la fiscalía de Dolores.
La denuncia de Tomei apunta a la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Villa Gesell, en tanto, desde el comienzo de la investigación, el letrado busca que Zamboni sea apartada de la causa por no haber indagado a sus defendidos “de manera correcta”. El abogado asegura que los rugbiers, tras ser detenidos, no fueron notificados de la acusación y no se les exhibieron las imágenes del hecho.
“La prueba era evidente. Las actas de las supuestas declaraciones daban cuenta que se había notificado a los imputados individualmente en audiencias separadas el hecho acusado, la prueba y los derechos. Todo en menos de tres minutos, cuando una audiencia de esas características tarda entre 15 y 20 minutos”, sostuvo el letrado.
“Posteriormente, ante un planteo de la defensa, la fiscal Zamboni reconoció por escrito que no hubo audiencias individuales. Y que supuestamente la noche de domingo 19 de enero de 2020 les habló a todos juntos sobre el homicidio, de pie y en una sola oficina de la Fiscalía, en presencia de la defensora oficial que permitió el acto ilegal”, agregó.
