Héctor Alberto Freigedo concurrió a la Legislatura ante la propuesta del Ejecutivo para que ocupe el cargo de Defensor Penal en General Pico. En su exposición frente a los diputados, el abogado se refirió a las políticas de género.
“La Ley Micaela ha sido de gran utilidad para sensibilizar y visibilizar sobre las cuestiones de género. No solamente para tomar decisiones cruciales por parte de la defensa, fiscalía o juzgados, sino es importante aplicarlo en el trato entre los trabajadores judiciales. Por mi parte entiendo que, con respecto a las personas imputadas por delitos referidos a la violencia de género, sería importante imponer diferentes tipos de tratamientos psicológicos y psiquiátricos a las personas condenadas por este tipo de delitos”, reflexionó.
Siguiendo el tema, se le consultó por la situación de la mujer en la Justicia. “Está mucho mejor que hace un tiempo, pero debería trabajarse en que la mujer tenga más participación y haya más participación en el momento de presentarse a los concursos para los cargos de funcionarios. En este cargo tengo entendido que sólo se había presentado una sola mujer. Entiendo que se debe alentar ese tipo de cuestiones. No sólo desde adentro, sino también a la sociedad en general”, opinó.
Además, uno de los legisladores le preguntó si otorgaría la libertad a un individuo que esté preso por violación y testificara que “la mataría”. Freigedo respondió: “A partir de 2017 se modificó la Ley de Ejecución Penal y todos los delitos contra la integridad sexual tienen que cumplir la totalidad de la pena de encierro efectivo. No sé si las decisiones de los jueces de Ejecución se ve limitada. Si alguien cometió un delito de abuso sexual y está condenado a la pena de 10 años de prisión, tiene que cumplirlos. En la actualidad es así. Todos los hechos que se hayan cometido antes de 2017 tienen otra aplicación de la ley”, finalizó.
Más adelante, se le consultó por las causas que se han iniciado por la violación del artículo 205 desde el inicio de la cuarentena. “Son muchas las causas por la violación de los artículos 205 y 239. Los dos primeros meses de aislamiento fueron muy duros, de mucho trabajo. Por suerte estaba digitalizado totalmente el expediente penal y entonces nos permitió trabajar desde nuestros domicilios”, contestó, y agregó: “Por abuso policial de mi parte en este período de seis meses no me ha tocado intervenir en ninguna causa, pero mis compañeros de control sí”.
Por otro lado, respondió a la pregunta sobre el estado de la Alcaldía, la situación de los internos y las posibles medidas que adoptaría para mejorar la situación. “De Pico no conozco, pero en General Acha está dividida en dos sectores. Por lo que se ve, hay uno de los lugares que está más cuidado que el otro y hay otro espacio que no está cuidado. Entiendo que al momento de resolverse el conflicto que hay con el servicio penitenciario nacional, se podría descomprimir esta situación porque hay más personas que las que corresponden en los centros de contención”, reveló.
También, fue consultado por la “famosa causa de facturas truchas de comisiones de fomento”, y su intervención en la misma. “Como Juez de Control, en principio tengo que aclarar que el Código Procesal Penal nos limita en la disposición de pena más allá de lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Este organismo es el que lleva adelante las investigaciones y ejerce la política criminal en base a las decisiones que hace su organismo”, dijo.
“La experiencia –siguió el abogado- nos indica que en casos de delitos contra la administración pública, no se logran condenas como las que se han propuesto en proyectos de acuerdo de juicios abreviados, donde se ha acordado la disposición de penas de ejecución condicional, más inhabilitación, multas e indemnización. Reitero que los jueces de control, o en este caso, los jueces de juicio, están impedidos de poner una pena superior o más gravosa que la solicitada por el Ministerio Público Fiscal”, concluyó.