Más de 2.500 familias de Santa Rosa están inscriptas y en condiciones de participar de un sorteo para acceder a una vivienda, en un escenario marcado por la paralización de los programas habitacionales nacionales. La presidenta del IPAV, Erica Riboyra, aseguró que la Provincia mantiene la construcción de casas y remarcó que las adjudicaciones se realizan mediante un sistema público y transparente.
Riboyra sostuvo que el organismo recibe y analiza los reclamos de las familias que esperan una vivienda, pero advirtió que la demanda no puede resolverse a partir de quién consigue mayor visibilidad o ejerce más presión.
“Detrás de cada familia que se acerca al IPAV hay una historia, una necesidad y muchas veces años de espera”, señaló. En ese sentido, planteó que el acceso a una vivienda debe garantizar “igualdad y transparencia” y no depender de “quién reclama más fuerte” o de quién logra presentarse como representante de un grupo.
Según informó, solo en Santa Rosa hay actualmente más de 2.500 familias que cumplen las condiciones para participar de un sorteo. “Cada una tiene su historia y sus necesidades. Y justamente por eso, el acceso a una vivienda no puede depender de quién reclama más fuerte, de quién dice ser representante o de quién logra mayor visibilidad”, afirmó.
La titular del IPAV defendió el mecanismo de adjudicación y aseguró que es “absolutamente público y transparente”, una característica que, sostuvo, permite evitar arbitrariedades en la entrega de las viviendas.
“Eso no significa desconocer las situaciones particulares. Al contrario: significa escuchar, evaluar y buscar respuestas dentro de un sistema que debe cuidar a todos”, agregó.
El impacto del ajuste nacional
Riboyra vinculó el crecimiento de la demanda habitacional con la decisión del Gobierno de Javier Milei de discontinuar la construcción de viviendas y paralizar programas nacionales.
“Los pampeanos soportamos una decisión injusta y cruel del Gobierno de Milei, que eliminó la construcción de viviendas y paralizó programas habitacionales fundamentales para miles de familias”, afirmó.
Frente a esa situación, destacó que La Pampa decidió sostener con recursos propios su política habitacional. “Escuchamos a todos los pampeanos. Y en materia de viviendas damos las respuestas posibles, no las que quisiéramos”, dijo.
“Seguimos construyendo. Seguimos gestionando. Seguimos buscando alternativas”, agregó.
Para Riboyra, la magnitud de la demanda obliga a mantener criterios comunes para todas las familias inscriptas. “La vivienda no es un privilegio. Es un derecho”, sostuvo. Y añadió que garantizarlo requiere “decisión política, recursos, planificación y un Gobierno que se haga cargo”.
“Los vamos a escuchar, vamos a evaluar cada situación y vamos a trabajar para encontrar respuestas”, concluyó.
