La Justicia confirmó el desalojo de la ecoaldea Chakra Raíz por considerar que no hay un conflicto constitucional

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa dejó firme el desalojo del predio ocupado por la ecoaldea Chakra Raíz, en Toay, al rechazar el intento de llevar el caso a la Corte Suprema. La razón central del fallo fue que, según los jueces, el planteo de la defensa no presentaba un problema constitucional claro, sino un desacuerdo con decisiones ya tomadas por tribunales provinciales.

El conflicto enfrenta a la comunidad con la Municipalidad de Toay por la ocupación de un terreno donde viven varias familias que impulsaban un proyecto de aldea ecológica. Mientras el grupo sostiene que se trata de un barrio popular que debería ser protegido por ley, el municipio avanzó con una demanda para recuperar el predio.

En el recorrido judicial hubo fallos en distintas direcciones, pero la Cámara de Apelaciones ordenó el desalojo. A partir de ahí, la defensa intentó frenar la medida llevando el caso al ámbito nacional, con el argumento de que estaban en juego derechos vinculados al acceso a la vivienda y que se estaba aplicando de manera incorrecta la normativa sobre barrios populares.

Sin embargo, el máximo tribunal provincial consideró que esos argumentos no alcanzaban para habilitar una revisión extraordinaria. En términos simples, sostuvo que no se discutía una cuestión de fondo que involucre a la Constitución, sino la forma en que se interpretaron leyes comunes en instancias anteriores.

Con ese criterio, rechazó el recurso y dejó firme la orden de desalojo. El fallo también señala que el caso no tiene un alcance general que justifique la intervención de la Corte Suprema, sino que se trata de un conflicto puntual entre las partes.

De esta manera, la vía judicial provincial quedó cerrada y la comunidad anticipó que intentará un último recurso directo ante la Corte Suprema.

En paralelo, Chakra Raíz convocó a una asamblea abierta este lunes a las 17.30 en la Plaza San Martín de Santa Rosa. A través de redes sociales, el colectivo llamó a organizar acciones y a sostener el reclamo contra el desalojo, con el eje puesto en la defensa del territorio y la aplicación de la ley de barrios populares.