El IPAV RECUPERA VIVIENDASSOCIALES POR INCUMPLIMIENTOSY LANZA NUEVAS INTIMACIONES

El Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) volvió a avanzar con la depuración de su padrón de adjudicatarios. A través de una serie de resoluciones publicadas en el último Boletín Oficial, el organismo desadjudicó cuatro casas en distintas localidades pampeanas e intimó a otros siete beneficiarios —o a sus herederos— a regularizar su situación en un plazo de 10 días hábiles.

Las bajas alcanzaron a viviendas de Victorica, Lonquimay, Telén y General Pico. En todos los casos, el IPAV argumentó incumplimientos en la ocupación de las unidades habitacionales o en el pago de las cuotas correspondientes.

En Victorica, Sergio Sebastián Bazán y Alicia Eugenia Gómez perdieron la vivienda Nº 124 del Plan Plurianual Federal Techo Digno (2012). En Lonquimay, quedó sin efecto la preadjudicación de la casa Nº 21 del Plan FONAVI XII, otorgada en 1984 a José Roberto Grasso. En Telén, la familia Escudero fue dada de baja como adjudicataria de la vivienda Nº 6 del Plan FONAVI XLI. Finalmente, en General Pico se rescindió la adjudicación de la vivienda Nº 280 del Plan FONAVI XXVIII que estaba a nombre de Alicia Esther Morales.

Intimaciones a regularizar deudas y documentación

Además de estas resoluciones firmes, el IPAV intimó a siete adjudicatarios o herederos en distintas localidades a presentar documentación o ponerse al día con los pagos. Entre ellos se encuentran Carlos Avelino Leguizamón y los herederos de Evedia Thisee Gómez en General Pico; Marcela Alejandra González en Eduardo Castex; Eduardo Ariel Maceda en Carro Quemado; los herederos de Vicente Gutiérrez en Puelches; los herederos de Gladys Concepción Durán en Metileo; y los herederos de Blanca Rosa Thiacodimitris en Rancul.

El organismo advirtió que, de no cumplir con los requerimientos en el plazo fijado, también avanzará con la rescisión de las adjudicaciones y la recuperación de las viviendas.

Desde la conducción del IPAV remarcan que este tipo de medidas son parte de un procedimiento periódico que busca garantizar que las viviendas sociales cumplan con su fin: que las familias que las reciben las habiten de manera efectiva y sostengan el pago de las cuotas pactadas.

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