La Pampa llevó a la Justicia federal la reforma de la Ley de Glaciares y abrió un nuevo frente en la disputa ambiental. El gobierno provincial presentó un amparo colectivo para frenar su aplicación y solicitó que se declare su inconstitucionalidad, mientras organizaciones ambientalistas avanzaron con una demanda a nivel nacional contra la norma sancionada por el Congreso.
La acción fue promovida junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, y quedó radicada en el juzgado federal de Santa Rosa. El planteo pide la suspensión inmediata de la ley hasta que se resuelva su validez constitucional.
El gobernador Sergio Ziliotto advirtió sobre el impacto potencial en la provincia. Señaló que, aunque La Pampa no tiene glaciares, depende de ríos de origen glacial, por lo que cualquier փոփոխación en las cuencas aguas arriba podría afectar la disponibilidad de agua.
El conflicto se inscribe en una disputa estructural por los recursos hídricos. La provincia mantiene un histórico litigio con Mendoza por el río Atuel y sigue de cerca la situación del río Colorado, que abastece a una parte significativa de su población.
El amparo sostiene que la reforma reduce los estándares de protección ambiental y vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y tratados internacionales, entre ellos el Acuerdo de Escazú.
En paralelo, organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace promovieron una demanda colectiva. Cuestionan que la modificación habilita a las provincias a definir las zonas periglaciales donde podrían desarrollarse actividades como la minería, lo que, según advierten, pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce.
También señalaron limitaciones en el proceso legislativo, con escasa participación pública y sin incorporación de aportes técnicos. Con estos planteos, la implementación de la ley quedó sujeta a revisión judicial en distintos tribunales del país.
