Hoy se escribió una página más del libro de maltratos que viene padeciendo desde junio Melanie López por parte del municipio de Toay y el Poder Judicial.
Este organismo le notificó nuevamente que reprogramó al 26 de diciembre la audiencia que estaba fijada para el 19, para definir su situación habitacional tras la denuncia penal por usurpación que le realizó el gobierno de dicha localidad.
Es la cuarta vez que Melanie, la madre que junto a Antonella Villalba (fallecida el domingo) ocuparon dos precarias casas, es informada de que la audiencia “ha cambiado de fecha” sin que se especifique el motivo.
Esto provoca un desgaste mental que se suma a todo lo que ha padecido desde que quedó en situación de calle y decidió ocupar la vivienda: corte de los servicios básicos, acoso policial, amenaza con la perdida de tenencia de su hija y la muerte de su compañera por -según advierte- el abandono de la sociedad, el Estado y el contexto de violencia de género en el que estaba inmerso.
“Tengo mucho miedo de lo que nos puede pasar a mí y a mí hija”, dice Melanie en contacto con Bife. “Desde que Anto murió no me llamaron, nadie se solidarizó, no les importó lo que le ocurrió a mi amiga. Siguen decididos a desalojarnos a mí y a mí nena”.
El domingo pasado Antonella Villalba falleció en un confuso episodio que se sigue investigando. Ese mismo día, el intendente de Toay, Ariel Rojas, se mostraba en sus redes sociales encendiendo las luces navideñas en su ciudad.
Un día después, mientras daba un discurso frente a jubilados que se manifestaban ante una oficina del PAMI, trabajadores municipales se disponían a soldar las ventanas y la puerta donde vivió Antonella sus últimos 6 meses de vida.
Estos comportamientos, sumado a la indiferencia de los organismos destinados a la contención social, hacen suponer a la joven madre de que su futuro inmediato habitacional es poco prometedor.
