El miércoles de la semana pasada, dos madres solteras tomaron una vivienda social del Barrio Esperanza de la ciudad de Santa Rosa. Por su parte, las mujeres aseguran que se trata de una casa que no está habitada desde hace meses. En estos casos, el IPAV inicia un proceso en el cual determina si un adjudicatario se encuentra o no en una situación de irregularidad, asimismo, desde el instituto aclararon que no avalan ninguna usurpación.
Este domingo, dos mujeres se contactaron con BIFE para advertir sobre la circunstancia por la que transitan. Se trata de dos madres de 26 años que atraviesan por una emergencia habitacional y, debido a esto, el miércoles último tomaron la decisión de usurpar una vivienda ubicada en la calle Lastiri al 500 del Barrio Esperanza.
“Hace un año que veníamos viendo que esa casa estaba desocupada”, contó Laura, una de las dos mujeres que tomaron la casa.
Fuentes del IPAV consultadas por BIFE señalaron que ante casos de presuntas irregularidades, el organismo inicia un proceso para determinar de manera fehaciente si un adjudicatario no cumplió con los compromisos asumidos al momento de ser beneficiario de una vivienda.
“Cuando el Instituto Provincial de la Vivienda toma conocimiento de una posible situación de irregularidad, avanza para constatar si el adjudicatario está en falta. Nosotros verificamos si un contrato se cumple o no. Si el adjudicatario se hace o no cargo de sus obligaciones”, indicaron desde el organismo.
Los compromisos que una persona debe asumir una vez que se le adjudica una vivienda son -entre otros- cumplir con la cuota mensual y habitarla. “Si no hay pago está en falta, si no se habita, también. De no regularizar dicha situación, se entra en una instancia de desadjudicación”, advirtieron desde el IPAV. Y agregaron: “los procesos desadjudicatarios no son ágiles ni dinámicos, pueden ser tres meses o durar cinco años. Depende de varios factores”.
De comprobarse dichas irregularidades, el organismo vuelve a adjudicar la vivienda a una familia que esté inscripta en el IPAV.
Las dos madres que tomaron la casa en el Barrio Esperanza-ambas anotadas en la lista del Instituto- incurrieron en un delito al usurpar la vivienda más allá de la situación de una presunta irregularidad del adjudicatario del inmueble de la calle Lastiri.
“Nosotros no avalamos la usurpación de una casa, para nada. Es lamentable que ocurra esto, porque tampoco tomar una casa es la solución para las mujeres”, completaron.
Por el momento, las dos jóvenes permanecen junto a sus hijos en la vivienda social del Barrio Esperanza.