El Gobierno trabaja a contra reloj para aplacar la presión sobre el dólar. El endurecimiento del cupo poco parece cambiar la sangría de reservas del BCRA y por eso la real solución se encuentra en el ingreso de divisas de los sectores exportadores. Lógicamente aquí el campo juega un rol protagónico y por eso, tal como adelantó Ámbito, el gabinete económico de Alberto Fernández plantea el anuncio de una batería de medidas de incentivo, consensuadas con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), para que los productores agropecuarios vendan unos 18 millones de toneladas de soja por un total de u$s7.200 millones que aún conservan en los silos.
Los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas, por pedido explícito de Alberto Fernández, abrieron un canal de diálogo con las empresas agroexportadoras y el CAA. En la mesa se pusieron dos opciones, una baja temporal de las retenciones o el pago de un bono atado a la cotización de la soja. La primera opción es justamente el pedido concreto que viene realizando este mismo sector, pero el bono le cierra a Guzmán en lo económico.
En tanto, desde las firmas agroexportadoras hacen hincapié en la preocupante primarización de las exportaciones de la cadena sojera y por eso apelan a una rebaja primordilamente de los derechos de exportación para que ellos productos con valor agregado, es decir, aceite y harina. Según explican, la caída interanual de la molienda de soja en la Argentina alcanza el 22%, lo que implica u$s2.500 millones menos de liquidación. En cambio, con alícuotas diferenciadas se podría lograr que la molienda pase de 38 a 44 millones.
El Gobierno, en tanto, busca un compromiso certero del sector exportador de que el campo comenzará a liquidar más, pero aquí entra en juego la voluntad del productor de vender su cosecha y eso abre otra instancia que el oficialismo está dispuesto a conquistar de la mano del proyecto que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para la reactivación de la agroindustria.
Entre las medidas que contempla este proyecto se incluye la posibilidad de que los productores descuenten de Ganancias un porcentaje de 120% de las facturas relacionadas a la compra de fertilizantes, y de 150% las que están relacionadas con seguros y semillas fiscalizadas. También se plantea un plan canje de maquinaria agrícola, vehículos e implementos, entre otros incentivos concretos que el campo viene pidiendo desde hace larga data y que incluso están entre los puntos que motoriza el CAA.
En paralelo también llegarían los muy demorados pagos de compensaciones a pequeños y medianos productores, establecidos en el Fondo de Compensación para el sector agrícola que prevé una devolución de derechos de exportación para explotaciones de menos de 1.000 toneladas de soja, que según cálculos oficiales serían unos 42.406 productores, equivalentes a un 74 % del total.