El 6 de agosto se moviliza el país bajo la consigna “Argentina no se vende” y se abre una pregunta a los argentinos ¿quién decide sobre la tierra donde vivimos?
Lo que está en riesgo no es solo la soberanía del país, sino su integridad. Este jueves el Senado trata el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” que forma parte de un mismo paquete que incluye el Super RIGI, la reforma de la Ley de Glaciares, la derogación de la ley 26.160, que da fin de los relevamientos de comunidades indígenas y habilita los desalojos de estas. A ese paquete se suma la reciente concesión del Paraná por 25 años a la empresa belga Jan De Nul . Argentina se configura así como un territorio en disputa entre las grandes potencias mundiales, que buscan que el país pierda la capacidad de decidir sobre su propio rumbo. Además, se empeñan en convencer a los argentinos de que, nos guste o no, así funciona hoy el mundo y hay que atraer inversiones.
Quiero ser categórica, no se trata de irnos del mundo, sino de no someternos a las “reglas de juego” que imponen los bandidos imperialistas. Es cierto que el mundo es hoy más interdependiente que nunca. Pero precisamente por eso, dentro de “el sistema en que vivimos” se ha profundizado la dependencia y la opresión que padecen los pueblos y naciones del Tercer Mundo
Con la ley actual ya podrían extranjerizarse más tierras de las que hoy están en esa situación, capítulo que quisieron modificar y tuvieron que recular. El problema de fondo no es la propiedad en sí, sino que lo que se busca son propiedades en zonas de frontera vinculadas al extractivismo, con reservas de agua: todas las modificaciones apuntan a habilitar el saqueo de nuestros recursos. Como dice Echeverría, de la entidad agraria Bases Federadas, la “inviolabilidad de la propiedad privada” no protege la casa de nadie. Protege el derecho de los grandes capitales a hacer lo que quieran con la tierra que acumulan. Cuanta más y mejores tierras se concentre en pocas manos —extranjeras o de los pools asociados a ellas—, más chacareros quedan afuera de la producción, y más destruyen nuestro suelo.
Estamos ante un gobierno que se arrodilla a la lógica de un mundo en guerra y en disputa. La ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” no es un avance a los problemas que vivimos los argentinos: es la llave que el gobierno le entrega a los capitales extranjeros para terminar de rematar la tierra argentina, desplazar a chacareros, campesinos y pequeños productores, y arrasar con lo que queda de regulación ambiental y social. No alcanza con resistir en el recinto: la pelea por la tierra también se define en la calle, con la unidad de todo el pueblo argentino exigiendo el rechazo definitivo del proyecto.
