Según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la propia Ciudad de Buenos Aires, el 48,5% de los puestos de trabajo en CABA son ocupados por residentes del Conurbano bonaerense. Son 1,3 millones de personas que atraviesan la General Paz todos los días para trabajar del otro lado. Este jueves, Jorge Macri desplegó drones, helicópteros, fuerzas especiales y 28.000 efectivos para frenarlos.
“Si vienen de la provincia de Buenos Aires los vamos a ir a buscar”, dijo el jefe de Gobierno. “Estamos construyendo un muro de control al desgobierno de Axel Kicillof”, agregó. El operativo se llamó “Muro”.
El problema es que la Constitución Nacional, en su artículo 14, garantiza a todos los habitantes el derecho de “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”. No hay excepción provincial. No hay aduana en la General Paz. En abril, un video que se viralizó mostró a efectivos de la Policía de la Ciudad subiendo a colectivos que llegaban desde provincia y preguntando a pasajeros “¿qué iban a hacer en la Ciudad?”. El “El Editor Platense” calificó la escena como “uno de los actos más discriminatorios desde el regreso a la democracia”.
Los números del operativo hablan solos. Según datos del propio Gobierno porteño, la Patrulla de Control de Accesos realizó en ocho meses más de 110.000 controles vehiculares y verificó la documentación de 123.000 personas. El saldo fue 98 detenidos. El jueves de la Operación Muro, el resultado informado por el propio Macri fue un detenido, un abusador con pedido de captura preexistente. Lo anunció en X como un éxito.
Según el CELS, estas intervenciones “están orientadas más al impacto televisivo y en redes sociales que a una política criminal seria” y construyen sobre los que cruzan la General Paz “un otro cargado de peligrosidad”. Las elecciones legislativas son en octubre.
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