El Consejo de Administración expresó su repudio a la modificación aprobada por el Congreso y respaldó una acción judicial para frenar su aplicación.
La Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) manifestó su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares y confirmó su adhesión a la iniciativa de impulsar una demanda colectiva para evitar su implementación. La entidad advirtió sobre los riesgos que la norma implicaría para el acceso al agua y el ambiente.
En un comunicado, el Consejo de Administración sostuvo que la modificación representa un retroceso en materia de protección ambiental y alertó sobre posibles impactos en el uso del recurso hídrico, tanto para el consumo humano como para la producción.
La CPE señaló que la vía judicial aparece como el principal mecanismo para frenar la aplicación de la ley y evitar que se consolide un cambio normativo que, según planteó, podría generar consecuencias de carácter irreversible.
En ese marco, la cooperativa expresó su acompañamiento a la campaña que promueve una demanda colectiva a nivel nacional y reafirmó su posición en defensa del agua como recurso estratégico.
El pronunciamiento también se inscribe en su articulación institucional con organizaciones como la Fundación Chadileuvú, que vienen impulsando acciones contra la reforma.
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