Las declaraciones de Cristina Fernández realizadas en un acto de la CTA el pasado 20 de junio tuvieron su resonancia y empujaron el accionar del ejecutivo. 72 horas atás, CFK cuestionó duramente a los dirigentes sociales y pidió que el Estado se haga cargo de la asistencia social sin intermediarios. Hoy jueves, trascendió que el Gobierno quitó de la órbita de los movimientos la suma de 180.000 planes.
Se trata de programas incluidos dentro del Potenciar Trabajo, una de las partidas centrales del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta, el equivalente a un 15% del total de 1,2 millones de beneficiarios. Recursos que ahora pasarán a ser administrados por gobernadores e intendentes.
Así se lo confirmaron altas fuentes ejecutivas al periodista Bernardo Vázquez de Clarín. Según trascendió, la medida surge como “efecto de auditorías” que viene realizando Desarrollo Social, que revelaron “irregularidades dentro de las organizaciones sociales” que ofician de intermediarias. Hace pocos días se conoció que el Polo Obrero que conduce Eduardo Belliboni le cobra un 2% del ingreso que percibe cada uno de los beneficiarios.
El Potenciar Trabajo es un programa que representa un presupuesto de $ 227.100 millones anuales, que controla el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, secretario de Economía Social. Precisamente el Evita es la organización que más planes administra, cerca de 150.000. Otros 60.000 cupos, además, los controla Somos Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, también alineado dentro del albertismo.
Alineado con el gobierno de Alberto Fernández, el Evita fue apuntado con dureza por Cristina Kirchner el lunes pasado, en el acto que encabezó en Avellaneda. “Si Evita viviera… ¡Mamita!“, había dicho la vicepresidenta al pedir “transparencia” en un discurso filoso con críticas al movimiento que lideran Pérsico y Fernando “el Chino” Navarro por la manera en que coordinan la entregan los planes sociales.
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