“El censo nos permite saber exactamente qué políticas implementar. La falta de datos dificulta la tarea de gestión, por eso es central actualizarlos”, decía el año pasado el presidente Alberto Fernández.
En este sentido, la diputada Sandra Fonseca, de Comunidad Organizada, manifestó su preocupación por los cuestionarios del censo nacional- que luego de 12 años comenzará a desarrollarse a partir de mañana 16 de marzo- por la falta de información respecto al relevamiento de personas con discapacidad y su estado de situación.
“El censo nos ayuda a saber dónde están nuestras fortalezas y debilidades. Lo que ocurrió en el 2020 donde el auxilio social no llegaba a mucha gente… lo que en verdad sucedía es que los datos que tenía el Estado eran insuficientes, todos estaban cargados por DNI, pero nadie tenía datos sobre su condición social, económica”, seguía en su discurso Fernández durante el 2021.
Consultada, la diputada expresó: “Desde el año 2008 la Argentina adhirió a la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la misma precisa en su preámbulo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
A su vez, expresó: “A diferencia del Censo del año 2010, el cual abordaba el tema con preguntas más precisas y donde el Estado Nacional obtuvo un número cierto de las Personas con Discapacidad que habitan el territorio Argentino, es que expresamos nuestra preocupación ante el último documento censal para el próximo relevamiento de personas. En este mismo las preguntas resultan insuficientes para obtener un relevamiento concreto de Personas con Discapacidad máxime cuando se utilizan palabras como “dificultad” o “limitación” para tratar de consultar a una persona con alguna dificultad corporal”.
Por esta razón, el espacio político de Fonseca, Comunidad Organizada, considera que “no sólo es necesario contar con información acerca de personas con alguna dificultad, sino también de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores que presenten características o certificación de discapacidad y su estado de situación en cuanto cobertura médica, social, psicopedagógica y/u otra que así lo requiera”.
“Ello permitiría una real política inclusiva y de atención integral de las personas en situación de discapacidad en atención a la Convención Internacional de Derechos Humanos, Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada en nuestra Nación mediante Ley 26.379 en el año 2008”, concluyó la legisladora en un proyecto presentado en la Legislatura pampeana.