La Provincia presentó un recurso extraordinario federal contra el rechazo de la medida cautelar que busca suspender la aplicación de la reforma hasta que se resuelva su constitucionalidad. La demanda advierte sobre posibles daños irreversibles en las reservas de agua y los sistemas hídricos interprovinciales.
El Gobierno de La Pampa, junto con la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise el rechazo de la medida cautelar contra la reforma de la Ley de Glaciares N° 27.804, sancionada el 8 de abril de 2026. La presentación cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
El planteo se produjo después de que la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca rechazara, el 29 de septiembre, la apelación contra la negativa a suspender la aplicación de la nueva norma mientras se tramita el amparo colectivo ambiental.
Como alternativa, la Provincia solicitó que se impidan autorizaciones e intervenciones que puedan afectar los sistemas hídricos con incidencia en La Pampa.
El recurso sostiene que la reforma reduce la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, fundamentales para preservar reservas estratégicas de agua y regular el abastecimiento de las cuencas. También cuestiona que la Cámara no haya evaluado adecuadamente los efectos del nuevo régimen sobre los sistemas hídricos compartidos.
La principal preocupación es que, durante el trámite judicial, se habiliten actividades con consecuencias ambientales irreversibles. Según el planteo, una sentencia favorable podría llegar cuando ya sea imposible recuperar las funciones hídricas afectadas.
Como antecedente, la presentación cita un reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras, en el caso “Asociación Civil Árbol de Pie”, que destacó la necesidad de adoptar medidas de protección ambiental oportunas para evitar daños irreparables.
La Pampa no tiene glaciares en su territorio, pero sostiene que su preservación es fundamental para las cuencas de las que depende, en particular la del río Colorado.
El amparo colectivo ambiental continúa en trámite. Por lo tanto, el rechazo de la medida cautelar no constituye una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma.
