La Pampa presentó una cautelar ante la Corte Suprema por el incumplimiento nacional del déficit previsional

El Gobierno de La Pampa presentó una medida cautelar urgente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante la imposibilidad de seguir financiando con recursos propios el déficit previsional que el Estado nacional debía cubrir desde el 10 de diciembre de 2023.

Según se informó oficialmente, el Gobierno nacional interrumpió por completo los aportes que le corresponden en virtud del Pacto Fiscal de 1999 y de la Ley 27.260, lo que constituye —según el Ejecutivo pampeano— una conducta inédita e ilegal, sin antecedentes en gestiones anteriores.

Desde la asunción de Javier Milei, el Instituto de Seguridad Social (ISS) ha sido sostenido casi exclusivamente por el Tesoro provincial y, en menor medida, por los municipios. Solo durante 2025, el déficit previsional implicará un aporte provincial de 145 mil millones de pesos, de los cuales un 11 % proviene de los gobiernos locales.

Proyecto de ley para garantizar servicios y salarios

En paralelo a la presentación judicial, el Poder Ejecutivo provincial envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca garantizar el pago de salarios estatales, haberes jubilatorios y aguinaldos, así como la continuidad de los servicios esenciales de salud, educación y asistencia alimentaria.

La iniciativa propone otorgar al Ejecutivo la posibilidad de reestructurar y reasignar partidas presupuestarias con carácter excepcional hasta el 31 de diciembre, exclusivamente para esos fines.

Un sistema previsional en tensión

El Gobierno pampeano señaló que el incumplimiento nacional ha dejado de lado tanto los adelantos mensuales como la auditoría y el pago del déficit anual, previstos en la normativa vigente. A ello se suma —según el comunicado oficial— la eliminación de los artículos del Presupuesto 2023 que ratificaban la obligación del Estado nacional de cubrir el déficit previsional.

La situación se agrava por el contexto recesivo, que redujo en un 12 % los ingresos provinciales estimados para 2025, y por el incumplimiento de compromisos nacionales en materia de obra pública.

Pese a ello, la Provincia destacó que “no se ha resentido ninguna prestación de servicios públicos”, aunque advirtió que resulta imposible seguir absorbiendo las obligaciones nacionales sin comprometer la estabilidad de las finanzas locales.

El Gobierno provincial pidió a la Corte Suprema que ordene al Estado nacional cumplir de manera inmediata con sus compromisos previsionales. Además, anticipó que, de persistir el incumplimiento, el impacto será directo sobre la distribución de recursos del futuro Presupuesto 2026.