El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) demandó este martes al presidente Javier Milei un “presupuesto adecuado para 2025”, el cese de noticias falsas y respeto hacia las universidades públicas. La reunión en Buenos Aires, encabezada por el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, quien ocupa la vicepresidencia del CIN, emitió un documento en defensa de la autonomía y autarquía de estas instituciones, garantizadas por la Constitución.
El CIN subrayó la urgencia de un presupuesto que “dé previsibilidad a la gestión universitaria” y permita atender necesidades salariales, así como programas de asistencia estudiantil y actividades de investigación y extensión. “Exigimos un plan de recomposición y recuperación salarial para evitar la parálisis del sistema universitario”, expresaron. El Consejo también pidió que no se utilicen noticias falsas para desviar la atención de “la crisis de financiamiento que afecta gravemente a la educación superior, especialmente en salarios”, y apeló a la “racionalidad y respeto” por parte del gobierno.
La declaración rebatió acusaciones de supuesta falta de control, asegurando que las universidades nacionales son “el ente público más auditado”, con controles mensuales y auditorías a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN). El CIN dejó claro que están a disposición de las autoridades y, en un gesto de transparencia, puso a disposición el dictamen técnico-jurídico elaborado sobre la materia.
“Queremos trabajar en conjunto con organismos que fortalezcan la transparencia, como la SIGEN, pero siempre bajo el marco de la autonomía universitaria”, sostuvieron. Además, rechazaron cualquier intento de intervención del Poder Ejecutivo, reafirmando la voluntad del sistema universitario de rendir cuentas mientras mantiene la independencia en la gestión de sus recursos y estrategias para hacer un uso eficiente del presupuesto público.
La declaración concluyó con un llamado a mantener el respeto hacia el sistema universitario y a evitar cualquier forma de “destrato” que ponga en riesgo su funcionamiento y compromiso con la educación pública.