El Gobierno nacional anunciará su propio esquema punitivo para vigilar y castigar las protestas sociales que puedan surgir a partir de los ajustes que la administración de Javier Milei comenzó a desandar hace dos días. Lo llaman “Protocolo de Orden Público” y habrá “severas sanciones” para quien lo infrinja, según adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Los detalles serán dados a las 16:45 por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien fue impulsora de los protocolos Antipiquetes y sobre utilización de armas de fuego que rigieron y fracasaron durante el gobierno de Mauricio Macri.
“Esto alcanzará al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia” las protestas”, indicó el vocero en una mínima conferencia de prensa.
El antecedente más concreto de Bullrich en esta temática data de cuando ocupó por primera vez el cargo que ostenta ahora. Por esos días creó dos protocolos, uno antipiquetes para criminalizar la protesta social y otro sobre el uso de armas de fuego policiales, basado en la doctrina Chocobar y chocando de frente contra las recomendaciones de Naciones Unidas.
“Ahora podrán tirar”, celebró Bullrich al dar a conocer esa normativa que habilitó el uso de pistolas de manera flexible frente a un “peligro inminente”. Además, no solo permitió que un policía pueda “actuar bajo amenaza” o ante la presunción de que el sospechoso tenga un arma letal, sino que habilitó el uso del arma de fuego en caso de fuga para lograr una detención. La medida fue derogada en 2019 por el gobierno de Alberto Fernández.
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