Esta semana se cumplieron mil días del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fijó como meta interina un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite entre La Pampa y Mendoza. El Tribunal precisó que ese es el caudal recomendado por el Instituto Nacional del Agua (INA) como instrumento de posible cese del daño ambiental ocasionado por la falta de escurrimiento del río Atuel en territorio pampeano. Sin embargo, Mendoza continúa sin largar agua, la Corte no se ha pronunciado nuevamente y los pobladores del oeste siguen sufriendo la desertificación.
La sentencia fue firmada el 16 de julio de 2020. Hoy el Gobierno encabezado por Sergio Ziliotto comenzó una campaña en los medios y las redes sociales, con spots y videos. “Mil días más sin agua. Mil días más sin justicia”, resalta.
En diciembre de 2017, en un fallo histórico, la Corte había ordenado a las administraciones de La Pampa y Mendoza que establecieran en 30 días un “caudal hídrico apto en el río Atuel para moderar los efectos ambientales y económicos que sufre La Pampa por la escasez de agua en esa cuenca. No se pusieron de acuerdo y por eso fue el propio tribunal que puso la meta interina de 3,2 m3/s.
Ya el año pasado, el gobernador acusó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ser “cómplice de Mendoza del ecocidio” por no obligar a cumplir el fallo que obliga a entregar agua al oeste pampeano a través del río Atuel. “Nos dijeron mil veces que darnos agua es romper el oasis de 5.000 hectáreas alrededor de San Rafael, no cuentan que para lograr ese oasis crearon un desierto de 50.000 hectáreas en La Pampa. Por eso creo que tenemos un enemigo muy claro en la defensa de nuestros ideales y nuestro sentido de pertenencia. No vamos a abandonar la lucha, no sólo por una decisión del Gobierno, sino por una imposición del pueblo de La Pampa y de los pobladores del oeste, los que están y los que no están”, sostuvo en su momento. “En marzo de este año (NdeR: por 2022) presentamos ante la Corte una medida cautelar ambiental para que cese inmediatamente el daño ambiental. La respuesta fue: silencio. Ya pasaron siete meses (…). No tengo dudas de que la Corte Suprema de Justicia es cómplice de Mendoza en este ecocidio que generaron en el oeste de La Pampa”.
El conflicto entre las provincias comenzó en 1947, con la construcción de la represa El Nihuil en Mendoza, que afectó a las especie autóctonas y a pobladores del oeste pampeano que tuvieron que emigrar por el impacto ecológico.
Mendoza solo larga agua a La Pampa cuando hay excedentes. No ocurre seguido: entre 1947 y 1970 no llegó ni una gota de agua. Y a la fecha sólo ingresa agua de reúso, es decir de una calidad deteriorada.
En nuestra provincia, a raíz de ese corte, se desertificaron 1,5 millones de hectáreas y centenares de personas tuvieron que migrar a otros lugares.
La Corte Suprema de Justicia falló en 1987 que el río Atuel era interjuridiccional, es decir, perteneciente a ambas provincias. Además, dijo que Mendoza tenía derecho a regar hasta 75.771 hectáreas.
La Pampa volvió a la Corte hace una década y pudo demostrar, a partir de la nueva jurisprudencia ambiental, que el tema del Atuel no es cosa juzgada.
En diciembre de 2017, la Corte ratificó que el río es interprovincial y ordenó sentarse a negociar. Sin embargo, ambas provincias no lograron acordar. ¿Qué propuso Mendoza? Hacer 23 perforaciones para destinar a su propio riego para, de esa manera, “liberar” 1,3 m3/seg para La Pampa. Sin embargo estuvo lejos de la pretensión de nuestra provincia que reclamaba al menos 3,4 m3/seg. En julio de 2020, la CSJN fijó en 3,2 m3/s el caudal mínimo, pero Mendoza nunca cumplió.