El presidente resolvió este lunes extender por 60 días la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.
La prohibición se materializó en el decreto 329 de 31 de marzo los había prohibido por el plazo de 60 días corridos a partir de su publicación, en el marco de la emergencia santiaria. Por lo que con esta prórroga la prohibición se extiende hasta cubrir todo el mes de julio.
Cuando el decreto llegó al Congreso, obtuvo el respaldo del oficialismo, pero no de toda la oposición. Una fracción de Cambiemos se resistió a su aplicación porque entendía que las empresas no despiden porque quieren, sino para su propia subsistencia, en especial las pymes, y que la prohibición de despedir iba a resultar en quiebras masivas de empresas con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. 15 de los miembros del bloque en el Senado se abstuvieron y Estaban Bullrich directamente votó en contra. Otra parte de Cambiemos, 9 de ellos, por el contrario, respaldó el DNU de Alberto Fernández.
Preocupación en Cambiemos porque el bloque del Senado vota siempre dividido
En esta prórroga, explicaron fuentes oficiales, también “se incluye la prohibición de efectuar suspensiones con las mismas causales, quedando exceptuadas aquellas que se efectúen en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, aquellas pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación”.
“Aquellos despidos o suspensiones que se dispongan en violación a lo dispuesto por este Decreto no producirán efecto alguno, y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”, aclararon desde el Ministerio de Trabajo en línea con el artículo 5 del decreto 329.
Esta prórroga había sido pedida por la CGT y otras gremiales a la luz de sus estimaciones de que a partir del 1 de junio cuando perdiera vigencia la anterior, podrían producirse unos 600 mil despidos en el país. También pidieron que se extendiera la doble indemnización, que tiene vigencia hasta el 9 de junio, y que por el momento no fue prorrogada.
Congelamiento de tarifas
En paralelo, y aunque todavía tiene un mes de margen, el Presidente analiza extender hasta fin de año el congelamiento de las tarifas de servicios públicos dispuesto en diciembre como parte de la ley de emergencia económica. Será una prórroga por otros 180 días, anticiparon en el entorno de Alberto Fernández.
Esa decisión se apoya además en que, a diferencia de lo que sucede en otros rubros, las empresas distribuidoras no sufrieron tanto el impacto económico en los últimos meses. “Aumentó el consumo residencial y bajaron los costos de la energía mayorista”, dicen en el Gobierno.
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