Milton Tolomeo, uno de los dos detenidos tras la movilización del 11 de febrero contra la reforma laboral, inició el domingo una huelga de hambre en el penal federal de Marcos Paz. Reclama atención médica, la restitución de actividades educativas y recreativas y el ingreso de organismos de derechos humanos. Según informó la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, mantendrá la medida hasta recibir respuestas.
Tolomeo y Eneas Gallo, detenido el 18 de marzo, permanecen en prisión preventiva y serán sometidos a juicio oral, que todavía no tiene fecha. La fiscalía busca aplicarles la figura de terrorismo, que podría elevar las penas hasta los 30 años de prisión.
Ambos están acusados de tenencia de material incendiario, atentado y resistencia a la autoridad e intimidación pública. El fiscal federal Carlos Stornelli pidió incorporar el agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal, que duplica las penas cuando un delito se comete con el propósito de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades a actuar. El juez Ariel Lijo elevó la causa a juicio con esa calificación.
Las defensas, a cargo de Correpi y la Gremial de Abogadas y Abogados, cuestionan la aplicación del agravante y señalan que la propia norma excluye los hechos ocurridos durante el ejercicio de derechos humanos, sociales o constitucionales. En una instancia anterior, el juez Gonzalo Rúa había rechazado esa figura al dictar la prisión preventiva de Tolomeo.
El Gobierno sostiene que Tolomeo preparó y arrojó bombas molotov contra las fuerzas de seguridad. Su pareja, Eva del Rosario, rechazó la acusación y cuestionó el procedimiento policial. También denunció que no recibió los resultados de los análisis realizados sobre prendas y una computadora secuestrada durante el allanamiento.
Tolomeo es masajista y trabajaba como ayudante de encargado de un edificio. Gallo se desempeñaba como repartidor de una aplicación. Sus parejas también denunciaron condiciones de aislamiento en el penal de Ezeiza y problemas durante el traslado al nuevo complejo de Marcos Paz, donde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura constató demoras en la devolución de pertenencias.
