El fiscal federal Gerardo Pollicita activó nuevas medidas sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni: quiere el historial completo de sus inmuebles, reconstruir cada salida del país y saber quién pagó los viajes. La sospecha es simple y pesada: nivel de vida por encima de lo que declara.
Pollicita le pidió al juez Ariel Lijo avanzar a fondo. Mandó oficios a Migraciones para seguir los movimientos de Adorni y de su entorno más cercano: su esposa Bettina Julieta Angeletti, el periodista Marcelo Grandío —con quien viajó a Punta del Este en Carnaval— y cualquier otro nombre que aparezca en la causa.
En la mira hay vuelos, rutas, escalas y horarios. Especial atención a un viaje a Aruba. También se requirió a aerolíneas que informen quién contrató y pagó esos pasajes.
Pero el foco no está solo en el aire. También en el ladrillo. La Justicia apunta a una casa en el Country Indio Cuá Golf Club (Exaltación de la Cruz) y a un departamento en la calle Miró al 500, donde vive el funcionario. Piden reconstruir todo: titulares, transferencias, escrituras, hipotecas.
El dato que encendió las alarmas: ese departamento habría sido comprado por un valor muy por debajo del mercado. Este miércoles declara la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en ambas operaciones.
Y hay más. Dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, figuran otorgando una hipoteca por más de 200.000 dólares, equivalente al 87% del valor del inmueble. Cuando las consultaron, dijeron no conocer a Adorni.
La causa avanza con una pregunta de fondo: de dónde sale la plata.
