Una mujer y sus tres hijos de 11, 14 y 19 años, eran obligados a cumplir jornadas laborales en condiciones de servidumbre con un sueldo ínfimo del que le descontaban los gastos de alimentación, techo y medicamentos. Uno de ellos está bajo tratamiento oncológico. Habían llegado en septiembre, lograron huir del lugar donde se encontraban confinados y realizar una denuncia ante el ministerio de Trabajo provincial.
Según denunciaron, también debieron hacerse cargo del costo de los pasajes de traslado desde Córdoba, provincia de la que es oriundo el grupo familiar, hasta la estancia ubicada en el partido bonaerense de Cañuelas.
En el lugar funciona el campo de polo La Chaparrita, ubicado a 18 kilómetros de la Ruta Provincial N° 6. Según la información pública del lugar, se trata de un establecimiento dedicado al turismo internacional, que ofrece días de campo, cabalgatas y clases de polo.
En la denuncia judicial, la mujer explicó que las largas jornadas laborales, la falta de descanso y la imposibilidad de salir del campo les hacían sentir que estaban esclavizados y reducidos a servidumbre. Además, le pagaron menos de lo que habían acordado, mientras al mismo tiempo le sumaban actividades y obligaciones que no estaban pactadas.
La denuncia de la familia derivó en una investigación de Gendarmería Nacional, con efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Zona Sur”, con el apoyo de integrantes del Programa de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, a cargo del ministerio de Justicia de la Nación.
El allanamiento en el campo de polo fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora para corroborar la existencia de la estancia y decomisar las pertenecías y medicamentos de las víctimas. Mientras tanto, está abierta la investigación para determinar las responsabilidades penales.
Los agentes de Gendarmería secuestraron elementos de interés para la causa, según se informó oficialmente desde el ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic, en el marco de la Ley 26.842 de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”.
El trabajo forzoso es una de las principales preocupaciones y uno de los ejes de la actividad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según la propia OIT, la Argentina tomó medidas significativas para erradicar la trata y las distintas formas de esclavitud moderna, como la sanción y promulgación de la ley 26.842 en diciembre de 2012 -entró en vigencia el 5 de enero de 2013- y la creación del Consejo Federal de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.
Argentina es uno de los 25 países que ratificaron el protocolo de 2014 relativo al Convenio 29 de la OIT sobre trabajo forzoso, y fue el segundo en hacerlo en el continente americano, después de Panamá.