\n\nLos ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, volvieron a ser citados hoy a indagatoria por supuestas maniobras de espionaje ilegal, esta vez en perjuicio de personas privadas de su libertad, informaron fuentes judiciales.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge<\/strong>, quien los convoc\u00f3 para el 9 y 10 de diciembre, respectivamente, en el marco de una tanda de declaraciones que incluir\u00e1 a otros 23 imputados.<\/p>\n\n\n\n Las indagatorias de Arribas y Majdalani, de una veintena de ex agentes de la AFI y de ex integrantes del Servicio Penitenciario Federal, entre los que figura su extitular Emiliano Blanco, fueron dispuestas tras un requerimiento formulado por los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardrona, que tienen delegada la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Las nuevas citaciones virtuales, dispuestas entre el 20 de noviembre y el 14 de diciembre, implican que sean prorrogadas “las resoluciones de las situaciones procesales de los imputados\u201d, quienes ya hab\u00edan sido indagados por otras maniobras de espionaje ilegal en el marco del mismo expediente, seg\u00fan surge de la resoluci\u00f3n a la que accedi\u00f3 T\u00e9lam.<\/p>\n\n\n\n La nueva ronda de indagatorias se dar\u00e1 en el marco del denominado “legajo 9”, en el que se investigan maniobras de espionaje ilegal desarrolladas por exmiembros de la AFI junto a exagentes y funcionarios penitenciarios sobre personas privadas de su libertad, entre las que se encontraban exfuncionarios y empresarios.<\/p>\n\n\n\n Con el avance en esta parte del expediente, la causa por las supuestas maniobras de espionaje ilegal que se tramita en Lomas de Zamora qued\u00f3 subdividida en tres grandes ejes: la inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria; el espionaje a dirigentes pol\u00edticos, sociales gremiales, religiosos y periodistas; y el espionaje penitenciario.<\/p>\n\n\n\n En esta parte de la investigaci\u00f3n, los fiscales se centraron tambi\u00e9n en el papel que jug\u00f3 en la estructura ilegal el \u00e1rea de jur\u00eddicos de la AFI, que fue reconfigurada durante el Gobierno de Macri e incorpor\u00f3 a sus funciones habituales el “trabajo operativo” y tareas de escucha y transcripci\u00f3n, mientras que antes solo se ocupaba de asuntos formales de la asistencia al Poder Judicial, explicaron fuentes con acceso a la causa.<\/p>\n\n\n\n Los argumentos<\/strong> “Tambi\u00e9n realizaron esas actividades ilegales respecto de otras personas, algunas vinculadas a las mencionadas por su condici\u00f3n de abogados defensores y otras que no ten\u00edan relaci\u00f3n con ellos”, sostuvieron los fiscales.<\/p>\n\n\n\n Las tareas de inteligencia ilegal “alcanzaron a organizaciones que nucleaban a familiares de personas privadas de libertad, organismos de derechos humanos, reconocidos militantes del espacio de protecci\u00f3n de derechos de las personas privadas de libertad, personas privadas de libertad alojadas en el \u00e1mbito del Servicio Penitenciario Federal y Servicios Penitenciarios provinciales”.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n a “agentes penitenciarios y miembros de su propia fuerza, que planificaban alg\u00fan tipo de organizaci\u00f3n sindical y\/o reclamos laborales por s\u00ed o por medio de sus familiares”, se\u00f1alaron los representantes del Ministerio P\u00fablico Fiscal.<\/p>\n\n\n\n “Si bien para el espionaje de este conjunto de v\u00edctimas la inteligencia desde el SPF tuvo un rol crucial, la informaci\u00f3n generada desde all\u00ed fue tributaria de los objetivos de espionaje ilegal establecidos desde los imputados de AFI, quienes recibieron como insumo la informaci\u00f3n generada desde el sistema carcelario, la llevaron a instancias ulteriores y a su vez no limitaron su prop\u00f3sito de espionaje ilegal sobre personas detenidas al SPF, sino que tambi\u00e9n lo extendieron a establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Bonaerense\u201d, indicaron.<\/p>\n\n\n\n Un programa como fuente de informaci\u00f3n En el dictamen, los acusadores advirtieron que resoluciones dictadas por el exdirector del SPF Emiliano Blanco (citado a indagatoria para el 30 de noviembre) facilitaron el supuesto espionaje ilegal.<\/p>\n\n\n\n “Se utilizaron distintas dependencias del Servicio, principalmente, la Direcci\u00f3n Principal de An\u00e1lisis de la Informaci\u00f3n, a cargo de Cristian Suriano, y su segundo, Juan Carlos Silveira, junto a Sebasti\u00e1n Siri, quienes dispusieron y orientaron los recursos t\u00e9cnicos y humanos para concretar uno de los circuitos que permitieron la obtenci\u00f3n, r\u00e1pida, segura y efectiva de la informaci\u00f3n vedada por ley”, indicaron los fiscales.<\/p>\n\n\n\n Parte de esa informaci\u00f3n fue a parar a manos de agentes de AFI y se utiliz\u00f3 “con prop\u00f3sitos de espionaje adicionales”, raz\u00f3n por la cual los fiscales pidieron la indagatoria de quienes formaron parte de ese esquema.<\/p>\n\n\n\n “Conforme a las copias forenses realizadas sobre el tel\u00e9fono LG K120 K4 7 se pudo determinar que los agentes ubicados en los lugares de detenci\u00f3n, transmit\u00edan numerosa informaci\u00f3n, que s\u00f3lo se refer\u00eda a las actividades pol\u00edticas y\/o sociales de detenidos y no a prevenir actos de corrupci\u00f3n, a trav\u00e9s del grupo de whatsapp denominado \u2018C\u00edrculo de confianza\u00b4”, detallaron los fiscales.<\/p>\n\n\n\n Entre las indagatorias dispuestas se encuentran las de los integrantes del \u00e1rea de jur\u00eddicos de la AFI Ju\u00e1n Sebasti\u00e1n Dest\u00e9fano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, quien antes de integrar la central de esp\u00edas hab\u00eda trabajado en el juzgado federal n\u00famero 11 de Comodoro Py que condujo Claudio Bonadio hasta su muerte.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n fueron convocados el procesado exjefe de operaciones especiales de la AFI Alan Ruiz y los esp\u00edas Jorge S\u00e1ez, Facundo Melo y Leandro Araque, entre otros.<\/p>\n\n\n\n Los investigadores sospechan que fue a trav\u00e9s de esta estructura de espionaje ilegal que se filtraron las escuchas realizadas a exfuncionarios que est\u00e1n o estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza como Roberto Baratta o Juan Pablo Schiavi, vulnerando la orden judicial que en alg\u00fan momento autoriz\u00f3 s\u00f3lo a escuchar y transcribir las conversaciones telef\u00f3nicas del narcotraficante Mario Segovia. 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Los imputados “se valieron de su calidad de funcionarios p\u00fablicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y\/o espionaje en infracci\u00f3n a la ley 25.520” respecto del actual procurador general del Tesoro, Carlos Zaninni; el exvicepresidente Amado Boudou; los empresarios L\u00e1zaro B\u00e1ez y Crist\u00f3bal L\u00f3pez; y el exministro de Planificaci\u00f3n Federal Julio De Vido, entre otros, mientras se encontraban privados de su libertad y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal, seg\u00fan surge de la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Los fiscales se\u00f1alaron que el programa de Intervenci\u00f3n para la Reducci\u00f3n de \u00cdndices de Corruptibilidad (IRIC) implementado por el Gobierno de Macri en algunos pabellones de las c\u00e1rceles de Ezezia y Marcos Paz “fue utilizado como una fuente de informaci\u00f3n directa”.<\/p>\n\n\n\n
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