{"id":10871,"date":"2020-12-22T11:36:05","date_gmt":"2020-12-22T14:36:05","guid":{"rendered":"http:\/\/revistabife.com\/?p=10871"},"modified":"2020-12-22T11:36:07","modified_gmt":"2020-12-22T14:36:07","slug":"sancionaron-a-un-martillero-por-omitir-las-pesimas-y-pauperrimas-condiciones-de-una-vivienda-a-un-inquilino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistabife.com\/index.php\/2020\/12\/22\/sancionaron-a-un-martillero-por-omitir-las-pesimas-y-pauperrimas-condiciones-de-una-vivienda-a-un-inquilino\/","title":{"rendered":"Sancionaron a un martillero por omitir las “p\u00e9simas” y “paup\u00e9rrimas” condiciones de una vivienda a un inquilino"},"content":{"rendered":"\n

El Tribunal de \u00c9tica y Disciplina del Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio confirm\u00f3 una sanci\u00f3n al asociado C\u00e9sar Motzo<\/strong>, por “responsabilidad profesional en su accionar y por omisi\u00f3n frente a los reclamos de una locataria”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Las actuaciones tuvieron como antecedente la denuncia presentada por una mujer que hab\u00eda alquilado una vivienda en la calle Tom\u00e1s Mason. Ella, aportando im\u00e1genes est\u00e1ticas y en movimiento en soporte CD, explic\u00f3 que comenz\u00f3 a tener inconvenientes con una c\u00e1mara s\u00e9ptica ubicada en el comedor.<\/p>\n\n\n\n

El contrato de locaci\u00f3n se rescindi\u00f3 por los problemas ambientales y de salud de la inquilina. Ella cuestion\u00f3 que Motzo no le dio informaci\u00f3n sobre esas condiciones al momento de ofrecerle el inmueble. Por ello se consider\u00f3 que incurri\u00f3 en “omisiones en el ejercicio de su profesi\u00f3n”.<\/p>\n\n\n\n

El Martillero colegiado en su apelaci\u00f3n, en cambio, plante\u00f3 que la denuncia fue formulada “sin sustento probatorio” y que “en la relaci\u00f3n locador-locatario se produjeron dificultades con los pagos y cr\u00e9ditos derivados de la locaci\u00f3n”. Eso s\u00ed, acept\u00f3 su actuaci\u00f3n como intermediario y su posterior administraci\u00f3n en favor de una de las partes.<\/p>\n\n\n\n

El Tribunal de \u00c9tica consider\u00f3 que “se pudo constatar la p\u00e9sima y paup\u00e9rrima situaci\u00f3n de habitabilidad del lugar alquilado” y agreg\u00f3 que “ning\u00fan corredor de comercio deber\u00eda aceptar ni permitir que un ser humano viva en esas condiciones”. Tambi\u00e9n, que sin perjuicio de las obligaciones establecidas legalmente, “todo corredor queda sujeto a obligaciones que sin estar consagradas en un texto expreso, la costumbre, la \u00e9tica y la est\u00e9tica llevan impl\u00edcitas y son inherentes a la naturaleza de la profesi\u00f3n”.<\/p>\n\n\n\n

Agreg\u00f3 que hubo de parte del Martillero-Corredor “una omisi\u00f3n ante los reclamos (de la inquilina) y tambi\u00e9n negligencia, ya que no hubo prueba que indicara que hubiere actuado efectivamente ante el propietario (de la vivienda) para solucionar o arreglar los grav\u00edsimos problemas que enfrentaba la denunciante”.<\/p>\n\n\n\n

Omisi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Al analizar el recurso, los jueces de la Sala 3, Guillermo Salas y Laura Cagliolo, indicaron que el apelante “no rebati\u00f3 id\u00f3neamente el argumento central de la decisi\u00f3n del Tribunal de \u00c9tica, que no fue otra que la de achacarle y sancionarle por la omisi\u00f3n de los deberes de conducta esperables para su intermediaci\u00f3n profesional y su negligente gesti\u00f3n de respuesta ante los serios reclamos vinculados al inmueble \u2013objeto de su corretaje inicial\u2013 y de su posterior administraci\u00f3n”.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s se\u00f1alaron que “no se advirti\u00f3 violaci\u00f3n o menoscabo alguno para la garant\u00eda constitucional de defensa en juicio, toda vez que surge evidente que el profesional tuvo suficiente y adecuada oportunidad de descargo”.   “La decisi\u00f3n recurrida es confirmada, apreci\u00e1ndose que fue adoptada por los tres integrantes del Tribunal de \u00c9tica y Disciplina, en modo correcto, r\u00e1pido y ejemplificador, se\u00f1alando y fundamentando con precisi\u00f3n que el problema de base que condujo a la denuncia no estaba relacionado con pagos, deudas, ni con arreglos edilicios menores (…); sino con la omisi\u00f3n profesional frente a las crudas e inhumanas condiciones de habitabilidad de un inmueble para el que el denunciado actu\u00f3 en corretaje y administraci\u00f3n, sin solucionar, o cuanto menos atender, \u00fatil, id\u00f3nea y adecuadamente un dram\u00e1tico reclamo vinculado a ‘servicios b\u00e1sicos que cada ciudadano tiene derecho’, en un esquema de responsabilidad que para las profesiones liberales resulta ser siempre de orden subjetivo (…), para una prestaci\u00f3n de servicio que debe realizarse con diligencia adecuada y compromiso de m\u00e1ximo esfuerzo”, manifestaron los magistrados.<\/p>\n\n\n\n

Tras destacar que el nuevo C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n “reafirma la relevancia de esta figura contractual en manos de profesionales”, como resultan ser los corredores inmobiliarios; la resoluci\u00f3n a\u00f1ade que para ejercer como tal se requiere “t\u00edtulo habilitante y la debida matriculaci\u00f3n p\u00fablica, lo que en la actualidad se da ante la entidad que cada jurisdicci\u00f3n puede tener asignada legalmente por delegaci\u00f3n del Estado; a los fines del debido ejercicio del poder de polic\u00eda y vigilancia de las conductas \u00e9ticas”.<\/p>\n\n\n\n

“All\u00ed radica la importancia superlativa de los Tribunales de \u00c9tica \u2013subrayaron\u2013, pues queda claro que la materia corretaje es propia del ordenamiento general de fondo nacional y que la supervisi\u00f3n de la aptitud y del obrar profesional, le corresponder\u00e1 a las jurisdicciones locales, por ser la prerrogativa de control una de las competencias reservadas y no delegadas a la Naci\u00f3n por las provincias en el pacto constitucional fundacional de la Rep\u00fablica Argentina (art\u00edculo 121 de la Constituci\u00f3n Nacional)”.<\/p>\n\n\n\n

Salas y Cagliolo expresaron que distintos tribunales, siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema, tuvieron “la  oportunidad de pronunciarse con relaci\u00f3n a los colegios p\u00fablicos (tribunal de origen en este caso), se\u00f1alando que no son simples asociaciones integradas por adhesi\u00f3n espont\u00e1nea de individuos corporativizados; sino entidades destinadas a cumplir fines p\u00fablicos que originariamente le pertenecen al Estado y a quienes se les transfiere, por delegaci\u00f3n normativa, el r\u00e9gimen disciplinario de todos los profesionales que agrupa”.<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, los jueces de C\u00e1mara analizaron las caracter\u00edsticas del contrato de corretaje a partir del nuevo perfil profesional que surge de las normas jur\u00eddicas vigentes y confirmaron la sanci\u00f3n impuesta frente a los hechos denunciados, concluyendo que la omisi\u00f3n profesional, “debe sancionarse con justicia y ejemplaridad, como aqu\u00ed lo ha hecho el Tribunal de \u00c9tica y Disciplina del Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio de la Provincia de La Pampa, para que la regular y correcta actuaci\u00f3n profesional siga d\u00e1ndose con valor, en suelo pampeano, en el \u00e1mbito de los negocios que impactan y repercuten de lleno en toda la sociedad”.  <\/p>\n\n\n\n

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